TSE pide cuentas: Modista financió al PPSO con ₡38 millones y aún no explica de dónde salió el dinero
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantiene activo un estudio de solvencia económica relacionado con una aportación de ₡38,2 millones realizada para financiar la campaña presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), luego de que la persona involucrada no haya presentado la documentación solicitada para acreditar el origen de los recursos.
La aportante es Olendia Antonia De Jesús Cruz Sánchez, quien adquirió 45 certificados de cesión de la serie A emitidos por el PPSO. Según información remitida por la agrupación política al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), la compra se concretó mediante una transferencia bancaria realizada el 24 de diciembre de 2025.
TSE pide cuentas: Modista financió al PPSO con ₡38 millones y aún no explica de dónde salió el dinero
Los certificados fueron adquiridos con un descuento del 15%, por lo que la inversión realizada ascendió a ₡38,2 millones, aunque el valor nominal de los bonos corresponde a ₡45 millones. Estos instrumentos financieros forman parte de los mecanismos utilizados por los partidos políticos para obtener recursos durante las campañas electorales.
El jefe del DFPP, Ronald Chacón, confirmó que el expediente continúa en fase administrativa mientras se espera una respuesta a los requerimientos realizados por la autoridad electoral.
«A la fecha el asunto se mantiene activo y en la fase de verificación administrativa -estudio de solvencia- a cargo del Área de Análisis Financiero de este Departamento, a la espera de la respuesta al requerimiento reiterado», indicó Chacón.
De acuerdo con el funcionario, el primer requerimiento fue enviado el 5 de febrero de 2026. En ese documento se solicitó información para aclarar la participación de Cruz Sánchez en el financiamiento del partido y demostrar la procedencia y trazabilidad de los fondos utilizados para la compra de los certificados.
La autoridad electoral otorgó inicialmente un plazo de diez días hábiles para aportar la documentación. Sin embargo, el término venció el 19 de febrero sin que se recibiera respuesta, por lo que el expediente avanzó hacia una evaluación formal de solvencia económica.
Ante la falta de información, el DFPP emitió un nuevo oficio el 22 de mayo de 2026, mediante el cual reiteró la solicitud y concedió un plazo adicional de cinco días hábiles. A mediados de junio, la documentación seguía pendiente de entrega.
Según consultas públicas del Ministerio de Hacienda, Cruz Sánchez figura como desinscrita de oficio desde febrero de 2023, aunque mantiene sus obligaciones tributarias al día. Asimismo, registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la identifican como patrona inactiva y sin morosidad.
La información disponible en el Registro Nacional señala que la aportante posee cinco bienes inmuebles inscritos a su nombre ubicados en Aserrí, Barranca de Puntarenas y Nicoya. El valor estimado de estas propiedades ronda los ₡120 millones.
El TSE recordó que el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos facultan al DFPP para investigar posibles irregularidades relacionadas con el financiamiento partidario, verificar el origen de los recursos utilizados y elaborar informes técnicos cuando existan indicios de eventuales incumplimientos.
Chacón precisó que el expediente no ha sido trasladado al Ministerio Público. No obstante, explicó que la normativa permite remitir casos a las autoridades competentes cuando exista una negativa injustificada a suministrar información o surjan elementos que ameriten una investigación adicional.
El Tribunal confirmó además que actualmente se tramitan 121 estudios de solvencia económica vinculados al proceso electoral presidencial 2025-2026. Estas diligencias involucran a 14 partidos políticos y a decenas de personas que realizaron aportes para financiar campañas electorales.
De esos expedientes, 16 corresponden a casos en los que los involucrados no han atendido los requerimientos de información formulados por la autoridad electoral. Los estudios abarcan aportantes relacionados con los partidos Centro Democrático y Social, Liberal Progresista, Progreso Social Democrático y Pueblo Soberano.
Adicionalmente, el TSE informó que mantiene otros 10 expedientes en evaluación para determinar si serán remitidos al Área de Investigaciones del DFPP debido a la ausencia de documentación requerida por parte de los financistas involucrados.
