Tribunal tumba histórica condena de 132 años contra Miguel Ángel Rodríguez
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó una sentencia unánime que redefine el panorama judicial e institucional del país. El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, quedó absuelto de todos los cargos por supuestos delitos de peculado que le imputaba la Fiscalía.
La decisión unánime de los jueces Mercedes Muñoz Campos, José Alberto González Gutiérrez y Andrés Saborio Cascante cerró de forma contundente un debate oral de un año. Este fallo pone un punto final provisional a un extenso proceso de casi tres décadas de litigio penal, el cual mantuvo en vilo a la opinión pública.
Tribunal tumba histórica condena de 132 años contra Miguel Ángel Rodríguez
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusaba al exmandatario de recibir supuestos pagos irregulares procedentes de firmas extranjeras de reaseguros de México y Reino Unido. Según la tesis del Ministerio Público, las firmas pretendían obtener ventajas contractuales con el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La acusación sostenía que los fondos, estimados en cientos de miles de dólares, se desviaron mediante sociedades pantalla en Panamá para beneficio de exfuncionarios públicos. Sin embargo, tras el análisis exhaustivo de las pruebas presentadas en el juicio, el órgano jurisdiccional desestimó en su totalidad los argumentos de la representación fiscal.
La Fiscalía había solicitado la pena histórica de 132 años de cárcel contra el exmandatario, calculando un estimado de 12 años de prisión por cada delito imputado. Junto a Rodríguez, el tribunal también dictó la absolutoria para Álvaro Acuña Prado, Ronald Bonilla, Ramón Lara y Antonio Corrales, todos excolaboradores de las instituciones estatales involucradas.
El Ministerio Público advirtió durante el debate que presentará un recurso de apelación contra el resultado, fundamentado en la participación previa de una de las juezas del tribunal. La opinión pública y el sector jurídico permanecen ahora a la espera de la redacción y posterior notificación de la sentencia completa por parte de los juzgadores.
