Presidenta Fernández ordena rotación de policías por infiltración del narco
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, planteó este miércoles una rotación de policías cada tres meses dentro de la Fuerza Pública. La medida busca impedir que los oficiales establezcan vínculos con estructuras criminales en las comunidades donde prestan servicio. El anuncio se dio durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial.
La mandataria explicó que la rotación de policías tiene como fin evitar que los oficiales se «arraiguen» en zonas específicas y terminen defendiendo intereses distintos a la seguridad nacional. No obstante, no precisó la fecha de arranque ni qué cuerpos policiales quedarían sujetos al cambio.
Presidenta Fernández ordena rotación de policías por infiltración del narco
«No quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de la seguridad nacional», declaró Fernández ante los medios presentes.
Tampoco quedó claro si la propuesta ya fue formalizada ante el Ministerio de Seguridad Pública, ni de qué forma se aplicaría en las distintas regiones del país. La iniciativa surge en medio de una creciente preocupación por la infiltración de organizaciones criminales en instituciones estatales.
Durante la conferencia, la presidenta fue enfática al señalar que el narcotráfico ha logrado penetrar tanto a la Policía como al Poder Judicial. Esta declaración se suma a una serie de señalamientos que ha mantenido en las últimas semanas contra ambas instituciones.
Un informe policial que encendió las alarmas
«El narcotráfico se metió hasta el tuétano del Poder Judicial y también de las policías del Gobierno. Y lo estoy persiguiendo, porque, hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo», afirmó Fernández.
Sus palabras se conocieron después de que trascendiera un informe del Ministerio de Seguridad Pública, fechado el 14 de abril, que documenta la presunta participación de más de un centenar de oficiales en actividades ilícitas.
El documento identificó a 122 policías de la Dirección Regional Brunca Sur presuntamente vinculados con estructuras dedicadas al tráfico de drogas, cigarrillos y licores, además de la trata de personas migrantes. Ninguna autoridad ha detallado públicamente el estado actual de esas pesquisas.
Fernández también retomó el caso de un juez de Pococí, investigado por presuntamente favorecer a la organización que encabezaría Alejandro Arias Monge, alias «Diablo». La investigación judicial señala que el funcionario habría actuado para procurar impunidad a integrantes de esa estructura; el juez permanece en libertad mientras avanza el proceso.
Las declaraciones se producen en medio de una tensión sostenida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Representantes judiciales han pedido a la presidenta sustentar con pruebas los señalamientos de corrupción e infiltración criminal que ha realizado en distintas conferencias.
Un antecedente similar ocurrió en abril de 2023, cuando el entonces Gobierno de Rodrigo Chaves intentó modificar los horarios de la Fuerza Pública dentro de la Operación Costa Rica Segura. El plan proponía pasar de un esquema de seis días laborados y seis libres a otro de seis días de trabajo por cuatro de descanso, con jornadas de 12 horas sin remuneración adicional.
La medida provocó protestas de oficiales fuera de servicio en distintos puntos del país, con concentraciones frente a la residencia presidencial, cierres momentáneos de vías y afectaciones en los accesos al aeropuerto Juan Santamaría. Un día después de las manifestaciones, Chaves anunció que la reducción de días libres quedaba en pausa.
