Laura Fernández impone «Secreto de Estado» a información de la DIS y Fuerza Élite
La medida limita el acceso público a documentos considerados estratégicos
La presidenta Laura Fernández declaró «Secreto de Estado» a una amplia cantidad de información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la seguridad nacional y las acciones gubernamentales contra el crimen organizado. La medida limita el acceso público a documentos considerados estratégicos.
El decreto fue publicado este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, aunque fue firmado por Fernández el pasado 27 de julio. La disposición incluye documentos, presupuestos, planes operativos y contratos vinculados con organismos responsables de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
Laura Fernández impone «Secreto de Estado» a información de la DIS y Fuerza Élite
La reserva también comprende información del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de la denominada “Fuerza Élite”, un grupo de coordinación gubernamental integrado por jerarcas de seguridad, autoridades policiales, el director de la DIS y la propia presidenta de la República.
De acuerdo con el decreto, la “Fuerza Élite” está integrada por Geraldo Campos, Gabriel Aguilar, Pablo Martínez, Arnold Zamora, los directores de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y Fernández. La medida también contempla coordinaciones dirigidas desde la Presidencia en materia de seguridad y defensa.
¿Qué información quedará bajo reserva?
El decreto establece que la clasificación incluye información sobre tácticas policiales, capacidades operativas, procedimientos especiales, planes de respuesta, protocolos de intervención, recursos tecnológicos y mecanismos utilizados en labores de inteligencia y seguridad.
También quedan comprendidas las sesiones, reuniones, grabaciones, acuerdos, bitácoras y presentaciones relacionadas con las estrategias de las instituciones involucradas. La disposición alcanza, además, los planes presupuestarios y las inversiones destinadas a seguridad y defensa nacional.
En materia de contratación pública, la reserva abarca expedientes administrativos completos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamiento y etapas de ejecución contractual. La disposición se aplica aunque los contratos sean suscritos con entidades públicas, consorcios o empresas privadas.
La Presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) justifican la decisión en el contexto de criminalidad que enfrenta el país. Entre los riesgos mencionados aparecen el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el sicariato y otras expresiones del crimen organizado.
Según la argumentación oficial, divulgar determinados datos podría permitir que organizaciones criminales conozcan capacidades y vulnerabilidades del Estado, evadan controles o interfieran con operaciones. Las autoridades también señalan posibles riesgos para funcionarios públicos y sus familias.
Funcionarios deberán mantener confidencialidad
La obligación de reserva alcanza a jerarcas, policías, personal de apoyo y asesores técnicos o legales que participen en las labores relacionadas con la información protegida. El decreto contempla tanto a quienes intervengan de manera permanente como ocasional.
Los consultores, asesores y contratistas privados que trabajen en estos asuntos deberán suscribir una cláusula específica de sometimiento al secreto de Estado. La confidencialidad, según la disposición, continuará vigente incluso después de terminar la relación laboral o contractual con el Gobierno.
El incumplimiento de esta obligación podría generar responsabilidades penales por el delito de quebrantamiento de secreto de Estado, conforme con la legislación costarricense. En el caso de contratistas privados, la violación de la reserva también podría derivar en la resolución inmediata del contrato.
La disposición incluye información vinculada con compras públicas y operaciones de seguridad, incluso cuando intervengan empresas privadas nacionales o extranjeras. La obligación de confidencialidad se mantendrá de forma indefinida para quienes tengan acceso a los datos clasificados.
