Jorge Araya advierte sobre la reelección presidencial: “Reelecciones de la impunidad”
El magistrado de la Sala Constitucional Jorge Araya advirtió que, en algunos países, la reelección presidencial se ha convertido en una vía para la inmunidad y la impunidad. Hizo la reflexión al ser consultado sobre un eventual proyecto de reforma constitucional en Costa Rica, cuyo contenido dijo desconocer.
Reelección presidencial deberá pasar por la Sala Constitucional
Araya explicó que, por tratarse de una reforma a la Constitución Política, la iniciativa sobre reelección presidencial deberá ser revisada obligatoriamente por la Sala Constitucional. Por esa razón, evitó adelantar una posición sobre el fondo de la propuesta.
“No lo conozco, no lo conozco, no sé de qué se trata. Es una reforma constitucional y usted bien sabe que las reformas constitucionales son consultas obligatorias ante la Sala Constitucional”, manifestó el magistrado.
Aunque prefirió no pronunciarse sobre la parte técnica del proyecto, Araya se refirió a lo ocurrido en otras naciones. “Sí le puedo hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido en algunos países del mundo, donde algunas reelecciones presidenciales se han convertido en reelecciones de la inmunidad y reelecciones de la impunidad”, expresó.
Araya aclara que no habla de Costa Rica
El magistrado precisó que su comentario no implica que una situación similar pueda ocurrir en el país. Insistió en que no conoce el proyecto y que cualquier criterio debe emitirse después de estudiar su contenido técnico.
Durante sus declaraciones, Araya también respondió a los cuestionamientos por la mora judicial. En particular, se refirió al tiempo que tardan en resolverse casos de alto perfil, como Diamante y Cochinilla, que han generado críticas hacia el Poder Judicial.
Según explicó, algunos atrasos sí son responsabilidad de los despachos judiciales, pero muchos otros se originan en las partes que intervienen en los procesos. Ese matiz, afirmó, suele quedar fuera del debate público.
“Hay ocasiones en que el tema de la mora puede ser imputable a los jueces y ahí sí asumimos nosotros plena responsabilidad. Pero muchas veces, si usted analiza ese expediente, muchos de los atrasos obedecen a las partes”, señaló.
Como ejemplo, citó audiencias que se programan con varios meses de anticipación y que luego deben reprogramarse por la ausencia de abogados o por choques de agenda entre los involucrados.
Araya cuestionó que la discusión se concentre solo en los tribunales. “Hablemos de moras, pero hablemos de moras parejo”, insistió. Mencionó atrasos en educación, salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Asamblea Legislativa.
También señaló la demora en el nombramiento de magistrados suplentes, un proceso que, según indicó, estaba por cumplir un año sin resolverse en el Congreso.
El magistrado indicó que la Sala Constitucional tiene alrededor de 47.000 expedientes en trámite. “Si no existieran moras en Costa Rica, la Sala Constitucional no tendría 47 mil expedientes. ¿Qué significan 47 mil expedientes? 47 mil moras”, manifestó.
Araya defendió además que el Poder Judicial se somete por iniciativa propia a la evaluación del Programa Estado de la Justicia. “El Poder Judicial es el único poder del Estado que se somete a una evaluación espontánea por parte del Programa Estado de la Justicia. Ningún poder del Estado se somete a una evaluación de esas”, afirmó.
El magistrado planteó que el análisis de los atrasos del Estado debe incluir a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no limitarse a los retrasos que enfrenta el sistema de justicia.
