Fernández ordena revisar vehículos decomisados por ICD para reforzar a la Fuerza Pública
La presidenta Laura Fernández ordenó esta semana una revisión inmediata de los vehículos decomisados que administra el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), con el propósito de identificar cuáles unidades podrían trasladarse a la Fuerza Pública. La medida busca reforzar la capacidad operativa de los cuerpos policiales en medio de la lucha contra el crimen organizado.
La decisión responde a una advertencia del ministro de Seguridad, Gerald Campos, quien reveló que más de 3.000 unidades policiales se encuentran fuera de servicio y sin posibilidad de reparación. Esa cifra evidenció un problema logístico que limita el trabajo diario de la Policía en distintas zonas del territorio nacional.
Fernández ordena revisar vehículos decomisados por ICD para reforzar a la Fuerza Pública
Ante ese panorama, la mandataria decidió actuar sobre un activo que el Estado ya posee: los bienes incautados a estructuras criminales. Para Fernández, aprovechar esos recursos representa una alternativa inmediata frente a la escasez de patrullas operativas.
La presidenta encargó la tarea al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, quien deberá presentar en un plazo máximo de una semana un informe detallado sobre los vehículos decomisados que hoy están en manos de instituciones públicas, municipalidades y organizaciones civiles.
El informe deberá responder tres preguntas clave
El documento tendrá que precisar dónde se ubican actualmente esos vehículos, quiénes los utilizan y cuáles podrían recuperarse sin afectar labores ya justificadas. Se trata de un inventario que abarca automóviles, camiones, microbuses y otras unidades bajo custodia del ICD.
“El combate contra el crimen organizado es una prioridad”, señaló la mandataria al justificar la instrucción, en referencia directa al uso de bienes decomisados a estructuras delictivas para fortalecer a quienes las enfrentan.
El Gobierno aclaró que la revisión no significa el retiro automático de todas las unidades asignadas a otras entidades. Cada caso será analizado de forma individual y se mantendrán aquellos vehículos cuya utilización esté debidamente justificada ante las autoridades.
Una vez concluido el inventario, el Poder Ejecutivo definirá cuáles vehículos administrados por el ICD serán trasladados formalmente a la Fuerza Pública. La decisión final dependerá de los resultados que entregue el informe solicitado a Chaves.
El proceso se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para atender la crisis de movilidad y equipamiento que enfrentan los cuerpos policiales, en un contexto donde la seguridad ciudadana continúa siendo uno de los temas de mayor atención pública en Costa Rica.
