Esquivel y Barzuna auxilian atraso con correo electrónico a sociedades ante Registro Nacional
Los diputados María Eugenia Esquivel y Antonio Barzuna presentaron formalmente el proyecto de ley 25.599 para evitar un colapso institucional. La propuesta busca extender por seis meses adicionales la obligación de inscribir un correo electrónico de notificaciones.
Esta reforma legal urgente ingresa a la corriente legislativa nacional ante una situación verdaderamente crítica para el comercio. El panorama corporativo del país enfrenta hoy una carrera contra el tiempo que amenaza directamente la operatividad de miles de firmas jurídicas.
Esquivel y Barzuna auxilian atraso con correo electrónico a sociedades ante Registro Nacional
La iniciativa pretende reformar de manera directa el Transitorio II de la Ley número 10597 vigente en el territorio. Esta normativa establece que las sociedades tienen como límite el próximo 4 de junio de 2026 para registrar su contacto.
El panorama actual refleja un alarmante nivel de incumplimiento entre los propietarios de las firmas mercantiles activas. Los datos oficiales demuestran que el tiempo otorgado inicialmente resultó insuficiente para la cultura comercial costarricense.
Los proponentes advierten que, a la fecha, apenas 80.130 de las 374.936 sociedades obligadas han realizado el trámite digital. Esta cifra representa un preocupante 21,37% del total de personas jurídicas registradas.
El impacto económico de no aprobarse la modificación legislativa de manera pronta sería inmediato para el comercio local. Miles de personas jurídicas quedarían completamente imposibilitadas de inscribir nuevos documentos ante el Registro Nacional.
La propuesta concreta de Esquivel y Barzuna plantea mover la fecha límite definitiva hasta el 4 de diciembre de 2026. Los legisladores argumentan que este tiempo adicional es indispensable para la estabilidad financiera.
El nuevo plazo permitiría una discusión legislativa adecuada que mejore el proyecto de ley vigente en el congreso. El fin primordial es realizar ajustes técnicos sin sacrificar la seguridad registral del tráfico jurídico del país.
El texto propuesto mantiene un incentivo clave al conservar la exención total de pago de timbres y derechos registrales. Esta medida busca facilitar el cumplimiento de los administrados sin debilitar los controles estatales necesarios.
El diputado Barzuna señaló que “las leyes deben hacerse pensando en la realidad de la gente y no para castigar a miles de personas que todavía no han podido completar este trámite”.
La propuesta busca proteger directamente la economía de los hogares que dependen de actividades comerciales organizadas en la República. El bloqueo registral suspendería créditos, contratos de arrendamiento y gestiones comerciales habituales.
El legislador impulsor de la reforma enfatizó la urgencia de su aprobación antes del vencimiento de la próxima semana. Los despachos legislativos coordinan esfuerzos para dar un trámite rápido a la propuesta.
“Aquí lo responsable es ampliar el plazo, dar seguridad jurídica y evitar afectaciones innecesarias a pequeños empresarios, familias y sociedades que generan empleo en el país”, concluyó el diputado Barzuna.
La decisión final queda ahora en manos del plenario legislativo, que deberá votar el proyecto bajo presión temporal. El sector empresarial del país permanece atento al avance de esta reforma indispensable.
