Diputada del FA Joselyn Sáenz se impone a un TLC con Israel tras dura acusación

La diputada Joselyn Sáenz del Frente Amplio (FA) inició una discusión sobre la política de apertura comercial de Costa Ricala cual sumó un nuevo capítulo de alta complejidad geopolítica en la Asamblea Legislativa. El debate técnico sobre un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) con el Estado de Israel trascendió la balanza comercial para situarse en el plano de los principios internacionales.
Los tratados de libre comercio modernos no solo evalúan la desgravación arancelaria o el intercambio de bienes, sino que integran cláusulas democráticas y de derechos humanos muy estrictas. En este escenario, la viabilidad de un acuerdo bilateral requiere un consenso político sólido que actualmente enfrenta cuestionamientos de fondo en el Congreso.
Diputada del FA Joselyn Sáenz se impone a un TLC con Israel tras dura acusación
La bancada del Frente Amplio formalizó su distancia respecto a las negociaciones, argumentando que el contexto de conflicto en la Franja de Gaza imposibilita avanzar con el proceso de ratificación. La oposición legislativa coloca la ética internacional por encima de los potenciales beneficios que traería el intercambio con el socio del Medio Oriente.
Durante su intervención en el Plenario, la diputada Joselyn Sáenz Núñez lanzó duras críticas a la iniciativa comercial y sembró dudas sobre la conveniencia del pacto. La legisladora cuestionó la idoneidad de consolidar alianzas con naciones involucradas en investigaciones ante tribunales internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos.
“¿Queremos fortalecer lazos con un Estado genocida?”, cuestionó Sáenz desde la tribuna legislativa, frase que encendió las alarmas y generó inmediatas reacciones entre las diversas agrupaciones políticas. La declaración replantea el papel de las relaciones comerciales como herramientas de validación diplomática en el concierto de las naciones.
Desde la perspectiva del análisis económico, Israel representa un mercado estratégico para la exportación de bienes tecnológicos, servicios avanzados y productos agrícolas costarricenses de alto valor agregado. No obstante, los expertos en comercio internacional recuerdan que los flujos mercantiles dependen directamente de la estabilidad jurídica del tratado.
Sáenz Núñez sostuvo que las decisiones en política comercial exterior reflejan la posición ética de un país, por lo que Costa Rica debe mantener su histórica línea pacifista. Para la legisladora, ignorar las denuncias de organismos humanitarios internacionales sentaría un precedente riesgoso para la reputación diplomática del Estado costarricense.
Según explicó, su agrupación política ha respaldado tratados comerciales en otras ocasiones, pero considera que esos acuerdos deben construirse sobre principios de respeto mutuo y beneficio compartido. Ello implica evaluar no solo el Producto Interno Bruto del socio comercial, sino sus prácticas internas.
El debate actual introduce una variable de riesgo reputacional que las empresas exportadoras locales analizan con cautela antes de realizar inversiones logísticas de gran envergadura. Los mercados internacionales exigen, cada vez con mayor frecuencia, que los tratados comerciales garanticen cadenas de suministro libres de conflictos bélicos.
La diputada vinculó su oposición al acuerdo comercial con la crisis humanitaria en Gaza, señalando que las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos inhabilitan los diálogos. La posición de la legisladora busca frenar la agenda de votación hasta que exista un panorama claro sobre el conflicto.

Además, insistió en que el tema debería abrir una discusión nacional más amplia sobre el rumbo de la política exterior costarricense y los criterios de alianzas. Este enfoque exige definir si la conveniencia financiera debe primar sobre los compromisos de las convenciones firmadas por el país.
“Este tipo de decisiones deben abrir un debate ético en el país sobre el rumbo de la política exterior”, expresó la legisladora al cierre de su exposición. Con estas palabras, el debate sobre el TLC con Israel sale de la arena técnica arancelaria para transformarse en un dilema ético institucional.





