Claudia Dobles arremete contra el Gobierno: “Quieren convertir al Estado en un secreto”
La excandidata presidencial Claudia Dobles cuestionó al Gobierno por un decreto relacionado con el secreto de Estado y advirtió que, a su criterio, la medida podría ampliar el alcance de información que debería estar sometida a controles de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Dobles planteó sus cuestionamientos al referirse a la necesidad de establecer mecanismos de control sobre los distintos poderes de la República. Según afirmó, las herramientas destinadas a proteger información sensible deben utilizarse únicamente cuando existan razones vinculadas con la seguridad nacional.
Claudia Dobles arremete contra el Gobierno: “Quieren convertir al Estado en un secreto”
“Y es que nos estamos enterando de un decreto de secreto de Estado que más bien pareciera que quieren convertir al Estado en un secreto”, afirmó Dobles, al cuestionar el alcance que podría tener la disposición sobre diferentes áreas de la administración pública.
La excandidata sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en el Poder Judicial, sino también en las actuaciones del Poder Ejecutivo. Para Dobles, los principios de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización deben aplicarse a todas las instituciones públicas.
“Yo quisiera hacer eco de las palabras de la diputada Camareno Camareno, donde habla que el Poder Judicial tiene que tener mecanismos de control, transparencia, rendición de cuentas. Pero creo que aquí todos estaríamos de acuerdo que si eso le aplica al Poder Judicial, le debería aplicar a los otros poderes de la República, incluido el Poder Ejecutivo”, señaló.
Entre los aspectos que generan preocupación para Dobles están las reuniones, adjudicaciones, contratos y el manejo de recursos públicos. Su posición es que la figura del secreto de Estado debe tener límites claros para evitar que información de interés público quede fuera del escrutinio ciudadano.
Dobles cuestiona controles sobre organismos de seguridad
La dirigente política también dirigió parte de sus críticas hacia la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), institución que, según recordó, ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su funcionamiento y los mecanismos de control a los que está sometida.
“La DIS, la misma DIS que ha sido ya denunciada por la posibilidad de que esté siendo utilizada como policía política, sin ningún tipo de transparencia ni rendición de cuentas”, manifestó Dobles.
La excandidata también mencionó a la Fuerza Élite y planteó interrogantes sobre la información relacionada con las pruebas de polígrafo utilizadas dentro de ese esquema. Entre sus preguntas están quién financia esos procedimientos, cuánto se paga por ellos y cuáles son los requisitos establecidos.
Dobles insistió en que los organismos encargados de labores de inteligencia y seguridad también deben contar con mecanismos de fiscalización. Como referencia, mencionó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA, para señalar que este tipo de instituciones también están sujetas a controles.
“Es importante decir que en el mundo todos los mecanismos de inteligencia nacional también se fiscalizan. Es más, la DEA tiene mecanismos de fiscalización y de transparencia y de control”, afirmó.
Otro de los puntos abordados por Dobles fue la protección de jerarcas. Reconoció que determinadas medidas de seguridad pueden tener una justificación, pero cuestionó los criterios utilizados para establecer el tamaño de los equipos de escoltas asignados a funcionarios.
“Será que no quieren preguntar por qué pareciera que algunos ministros tienen séquitas de escoltas que al parecer son a veces más grandes que los de la misma Presidenta de la República. ¿Cómo se justifica eso?”, preguntó.
Críticas por información sobre Seguridad Pública
Dobles relacionó además su cuestionamiento con un informe del Ministerio de Seguridad Pública que, según explicó, advertía sobre una posible infiltración del crimen organizado dentro de esa institución.
La dirigente política preguntó cuáles fueron las acciones adoptadas después de conocerse ese documento y cuestionó que, según su versión, no se hayan producido consecuencias para quienes tenían responsabilidades jerárquicas.
“¿Qué acciones se tomaron ante ese informe? Ninguna. Está durmiendo el sueño de los justos. ¿A quién se le echó la culpa de no haberse tomado ninguna acción? Al viceministro”, afirmó.
Dobles también puso el foco en la responsabilidad de los jerarcas frente a las actuaciones o eventuales omisiones de sus subordinados. Aclaró que un ministro no necesariamente puede responder por cada decisión tomada por funcionarios bajo su mando, pero sostuvo que sí existe una responsabilidad de vigilancia y supervisión.
“Si bien es cierto, los jefes o los ministros no son responsables de todas las acciones de sus subordinados o subalternos, pero ciertamente sí tienen responsabilidad”, sostuvo.
En esa misma línea, cuestionó las consecuencias que enfrentó el entonces ministro de Seguridad Pública y mencionó su posterior designación diplomática en Suiza. Dobles utilizó ese caso para contrastar lo que considera una falta de rendición de cuentas con el establecimiento de nuevas restricciones al acceso a información pública.
“¿Cuál fue la consecuencia que recibió el ministro, el ex ministro de Seguridad, una embajada en Suiza? Mientras tanto, para el resto de nosotros los costarricenses, lo que recibimos es un decreto que dice no pregunte, no cuestione, no fiscalice”, afirmó.
La excandidata también sostuvo que la reserva de información no debería convertirse en una herramienta para impedir investigaciones o cuestionamientos sobre la administración pública. A su criterio, el secreto de Estado debe estar limitado a situaciones en las que exista una justificación vinculada con la seguridad nacional.
“Cero transparencia”, expresó Dobles al referirse a los mecanismos que, según su posición, deberían estar sujetos a fiscalización.
La discusión planteada por Dobles coloca nuevamente en el centro del debate el equilibrio entre la protección de información sensible y el derecho ciudadano a conocer cómo se toman decisiones, se administran recursos públicos y se ejecutan determinadas actuaciones dentro del Estado.
“El Estado no puede convertirse en un secreto menos una administración que utilizó la bandera de la transparencia y la anticorrupción para llegar ahí”, concluyó la excandidata.
