Caso Gallo tapado: Extesorero del Banco Nacional es condenado a 30 años de cárcel
El tribunal costarricense condenó a 30 años de prisión al extesorero del Banco Nacional, Ricardo Olivas Valle, tras declararlo culpable de 33 delitos de peculado por la sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas de la entidad. La resolución se conoció este jueves.
La condena al extesorero del Banco Nacional, en cifras
Cada uno de los 33 delitos comprobados contra el extesorero del Banco Nacional acarreaba una pena de 10 años, lo que en teoría sumaba 330 años de cárcel. La cifra fue readecuada a 30 años, dentro del límite legal costarricense para casos de concurso de delitos.
El Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública acogió parcialmente la tesis de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que había solicitado 339 años de prisión para el acusado. El expediente es conocido públicamente como caso «Gallo Tapado».
La investigación reveló que Olivas, funcionario bancario desde 2014, sustraía fajos de billetes escondidos en sobres de manila amarillos. El esquema, denominado por las autoridades como método de «hormigueo», se ejecutaba en un horario específico entre las 4:16 p. m. y las 5:27 p. m.
El punto ciego que permitió el fraude en el Banco Nacional
El extesorero aprovechaba un punto ciego en una de las cámaras del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE), donde introducía el dinero en los sobres sin ser detectado. Estas grabaciones, difundidas previamente por medios locales, se convirtieron en prueba central del juicio.
La única barrera física para sacar el dinero era un guarda de seguridad de apellidos Bolaños Zúñiga. Según las pruebas presentadas, este oficial habría omitido la revisión de los sobres al momento en que Olivas se retiraba del edificio.
El fraude se prolongó entre 2019 y 2023 debido a la falta de arqueos físicos y auditorías exhaustivas en la tesorería de procesamiento de efectivo del banco. Esta ausencia de controles permitió que el esquema operara sin ser detectado durante varios años consecutivos.
De acuerdo con la investigación, el dinero sustraído se destinó principalmente a la compra masiva de lotería de la Junta de Protección Social (JPS). Las autoridades señalaron en el acusado un patrón asociado a la ludopatía como posible explicación del destino de los fondos.
El volumen de fracciones adquiridas le permitió a Olivas obtener premios que, según la Fiscalía, utilizaba para justificar el origen del dinero ante terceros. En su vivienda se decomisaron cerca de 3.000 fracciones de lotería durante los allanamientos.
La Fiscalía indicó además que otros funcionarios del banco habrían colaborado en el encubrimiento y la facilitación del delito. Estas personas enfrentan un proceso judicial separado del que concluyó esta semana contra Olivas.
El Banco Nacional detectó el faltante de forma interna en octubre de 2023. Olivas tramitó su jubilación el 4 de octubre, un día después de que se descubriera la irregularidad, y la denuncia judicial se presentó 21 días más tarde.
Un mes después, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público realizaron allanamientos y detuvieron a Olivas, quien permanece en prisión preventiva desde entonces. El caso generó amplia repercusión pública desde su divulgación inicial.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó además el pago de ₡50 millones por daño moral en una acción civil resarcitoria. La entidad argumentó el desprestigio generado a la imagen institucional del banco por las burlas y comentarios públicos derivados del caso.
