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“Herencia abominable”: Laura Fernández arremete contra Welmer Ramos por Ley de Usura

La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este miércoles un proyecto para eliminar la actual Ley de Usura, con el objetivo de modificar el esquema mediante el cual se establecen las tasas máximas para las operaciones de crédito en Costa Rica. La iniciativa busca ampliar el acceso al financiamiento formal y reducir la exclusión de sectores considerados de mayor riesgo.

La propuesta, denominada Ley para la determinación de las tasas máximas aplicables para las operaciones de crédito, plantea establecer límites a los cobros mediante tasas máximas calculadas bajo criterios técnicos. El Gobierno sostiene que el cambio permitiría facilitar el acceso al crédito sin eliminar los mecanismos destinados a evitar cobros excesivos.

Ley de Usura: Fernández busca cambiar el acceso al crédito

Durante la presentación, Fernández vinculó la discusión con el crecimiento de los llamados créditos “gota a gota”, modalidades de financiamiento informal que han generado preocupación por sus posibles efectos económicos y sociales. La mandataria recordó una experiencia que, según relató, tuvo durante la campaña electoral.

Fernández contó que un niño de seis años, en Orotina, le pidió buscar una solución al problema que enfrentaba su familia con este tipo de préstamos. “Que un niño de seis años me hable a mí del problema del gota a gota, que le quita la paz a su familia, que lo agobia”, expresó la presidenta al explicar la importancia que atribuye al proyecto.

Fernández responsabiliza a una legislación impulsada por Welmer Ramos

En su discurso, la presidenta cuestionó directamente al exdiputado Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien impulsó la legislación relacionada con las tasas máximas de interés durante su paso por la Asamblea Legislativa. Fernández calificó esa normativa como una consecuencia negativa para determinados sectores.

“Esta herencia abominable de Welmer Ramos del PAC, porque hay que decir las cosas, yo por eso es que después le caigo mal a algunos”, afirmó Fernández durante la presentación de la iniciativa.

La mandataria también sostuvo que la regulación vigente habría contribuido a limitar el acceso de algunas personas al crédito formal. “Ese horror que ocasionó que centenares de familias buenas no puedan tener acceso al crédito formal”, manifestó, al relacionar esa situación con el crecimiento de alternativas informales de financiamiento.

Según Fernández, el problema trasciende el ámbito financiero y puede tener implicaciones en materia de seguridad. “El problema es que ese sapo se convirtió en el gota a gota y en una amenaza a la seguridad, a la vida. Ahí está filtrado el lavado de dinero, el crimen organizado”, declaró.

¿Qué plantea el nuevo proyecto sobre las tasas de interés?

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo pretende modificar el mecanismo utilizado para determinar las tasas máximas aplicables a los créditos. El planteamiento busca que los límites respondan a criterios técnicos y, al mismo tiempo, mantengan controles frente a cobros considerados excesivos.

El Gobierno señala que uno de los objetivos es evitar que personas o sectores con mayores niveles de riesgo queden excluidos del sistema financiero formal. Bajo esa lógica, el proyecto pretende ampliar las posibilidades de financiamiento dentro de un marco regulado.

La propuesta también busca incidir sobre las condiciones que favorecen la aparición de mecanismos informales como los créditos “gota a gota”. Estas modalidades suelen operar fuera de los canales tradicionales y pueden representar riesgos adicionales para quienes recurren a ellas.

Fernández pidió a los diputados respaldar la iniciativa y avanzar con su discusión en la Asamblea Legislativa. “Así que, señores diputados, mirándoles a los ojos como su presidente de la República, les pido con toda vehemencia que empujen este proyecto”, manifestó durante su intervención.

El proyecto deberá seguir ahora el trámite legislativo correspondiente, donde los diputados tendrán que analizar su contenido, alcances y posibles modificaciones antes de definir su eventual aprobación. La discusión determinará si la propuesta del Ejecutivo sustituye el esquema vigente para establecer las tasas máximas de las operaciones de crédito en Costa Rica.

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