Fernández defendió Secreto de Estado: “Yo desconfío ya hasta de abogados, periodistas, gente que empieza a pedir un montón de información”
La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió la decisión de establecer secreto de Estado sobre determinada información relacionada con seguridad nacional y lanzó fuertes cuestionamientos contra quienes solicitan datos que, según explicó, podrían poner en riesgo operativos policiales y acciones contra el crimen organizado.
Fernández insistió en que la medida no significa que toda la información relacionada con seguridad nacional vaya a quedar fuera del alcance de la ciudadanía. La presidenta aseguró que los datos públicos continuarán disponibles y que la reserva únicamente alcanzará aquellos contenidos cuya divulgación pueda representar un riesgo.
Fernández defendió Secreto de Estado: “Yo desconfío ya hasta de abogados, periodistas, gente que empieza a pedir un montón de información”
“La información pública relacionada con la seguridad nacional siempre va a ser de acceso libre. Cualquier dato, repito, de información relacionada con la seguridad va a seguir siendo de acceso libre”, afirmó la mandataria al explicar los alcances de su posición.
La presidenta puso como ejemplos algunos datos operativos que, a su criterio, no deberían divulgarse públicamente si su conocimiento pudiera ser aprovechado por organizaciones criminales. Entre ellos mencionó el armamento de los cuerpos policiales, horarios de patrullaje y detalles sobre futuros operativos.
Fernández también citó posibles decomisos de drogas y movimientos de las autoridades como información que podría requerir protección. Su argumento es que revelar anticipadamente esos datos permitiría a los grupos delictivos conocer cómo y cuándo actuarán las fuerzas de seguridad.
“Ahora bien, lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional”, sostuvo la presidenta, al establecer la diferencia entre información pública y datos cuya divulgación podría comprometer acciones policiales.
La mandataria rechazó, además, que el secreto de Estado vaya a depender exclusivamente de una decisión personal de la Presidencia. De acuerdo con su explicación, será el Consejo Nacional de Seguridad el que determine qué información debe clasificarse como confidencial por razones de seguridad.
“Y eso no es lo que yo escoja, lo que yo elija, lo que a mí me dé la gana. No, eso es lo que determine el Consejo Nacional de Seguridad que debe de ser declarado confidencial”, manifestó Fernández.
Uno de los momentos más polémicos de las declaraciones de Fernández llegó cuando se refirió directamente a las personas que solicitan información vinculada con seguridad. La presidenta aseguró que algunas peticiones le generan desconfianza por la posibilidad de que determinados datos terminen en manos de organizaciones criminales.
“Yo desconfío ya hasta de abogados, periodistas, gente que empieza a pedir un montón de información”, declaró la mandataria, una frase que abrió un nuevo frente de discusión alrededor del acceso a la información pública.
Fernández agregó que, ante determinadas solicitudes, llega a cuestionarse cuál podría ser el destino de los datos requeridos. “Y yo digo que esa información debe ser para alguna banda del crimen organizado”, expresó durante su explicación.
La presidenta planteó incluso la posibilidad de que información sobre operativos pueda ser utilizada por delincuentes para anticipar los movimientos de los cuerpos policiales. Su argumento se centró en evitar que las acciones contra el narcotráfico y otras estructuras criminales pierdan efectividad.
“¿O usted quiere que los mismos narcos sepan qué día voy a hacer yo los operativos, o que los mismos delincuentes sepan, porque sí señores, lamentablemente este país está tan podrido en algunos lugares, por dicha son menos”, señaló.
Las declaraciones colocan nuevamente en el centro del debate la tensión entre seguridad nacional, transparencia y acceso a la información pública. El punto planteado por la mandataria es que la protección de determinados datos no debería confundirse con una restricción generalizada de la información que puede ser consultada por la ciudadanía.
Fernández sostuvo que el objetivo del decreto consiste precisamente en establecer una barrera para impedir que información sensible llegue a manos de personas o grupos que puedan utilizarla para obstaculizar las operaciones estatales.
“Ese decreto lo que hace es blindar las acciones de defensa nacional para que precisamente el gobierno esté bien protegido, y lo que vamos a hacer y estamos haciendo no caiga en manos de los delincuentes”, afirmó.
La mandataria reiteró que la información pública de relevancia nacional continuará siendo accesible, pero defendió que los datos cuya divulgación pueda poner en peligro acciones de seguridad sean tratados de manera confidencial.
La discusión adquiere especial relevancia porque la aplicación del secreto de Estado puede involucrar información relacionada con instituciones policiales, estrategias operativas y acciones contra organizaciones criminales. Fernández mantiene que la clasificación debe limitarse a aquello cuya divulgación pueda representar un riesgo para la seguridad nacional.
