Carlo Díaz lleva a Sala IV disputa por audiencias virtuales
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, acudió a la Sala Constitucional para impugnar la decisión del Ministerio de Justicia y Paz (MJP) de poner fin al convenio que permitía realizar audiencias judiciales de manera virtual. El recurso plantea posibles afectaciones para privados de libertad, víctimas y demás participantes de procesos penales.
El recurso presentado por Carlo Díaz permanece en estudio de admisibilidad bajo el expediente 26-028608-0007-CO, según confirmó la oficina de prensa de la Sala Constitucional. El fiscal general sostiene que la medida podría afectar la continuidad de determinadas actuaciones dentro del sistema penal.
Carlo Díaz lleva a Sala IV disputa por audiencias virtuales
Díaz también solicitó una medida cautelar de carácter urgente para suspender provisionalmente los efectos de la decisión adoptada por el Ministerio de Justicia. Su objetivo es conservar la infraestructura tecnológica necesaria para que las audiencias virtuales puedan continuar mientras se resuelve el fondo del recurso.
El amparo fue interpuesto el 7 de agosto, cuatro días después de que el Ministerio de Justicia y Paz comunicara públicamente la terminación del convenio con el Poder Judicial. La controversia gira alrededor del futuro de un mecanismo utilizado para facilitar diligencias judiciales con personas privadas de libertad.
En su gestión, el fiscal general argumenta que la decisión tiene consecuencias sobre distintos actores del proceso penal. Entre ellos figuran las personas recluidas en centros penitenciarios, las víctimas y otros intervinientes que dependen de la continuidad de las actuaciones judiciales.
El Ministerio de Justicia justificó la ruptura del acuerdo a partir de «las recientes manifestaciones de las autoridades sobre su preferencia de realizar audiencias presenciales». La cartera también señaló que la finalización del convenio permitiría liberar recursos policiales utilizados en la custodia y coordinación de estas diligencias.
El tema tomó especial relevancia después de la controversia relacionada con la audiencia de medidas cautelares de Alejandro Arias, conocido como «Diablo». En ese caso se discutió la posibilidad de realizar la diligencia mediante conexión virtual, mientras Díaz explicó que existía un interés de funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en conversar con el detenido sobre una eventual extradición.
Miles de audiencias dependen del mecanismo
Las cifras oficiales citadas en la gestión muestran la magnitud del uso de esta modalidad. Entre enero y junio de 2026, el Sistema Penitenciario Nacional contabilizó 2.416 audiencias virtuales, distribuidas entre juzgados, tribunales de juicio, diligencias con defensores y otras actuaciones judiciales.
Del total registrado durante ese periodo, 944 audiencias correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales. Estos datos reflejan la utilización del sistema para diferentes etapas y necesidades dentro de los procesos.
La operación de esas audiencias también requirió recursos humanos destinados a garantizar la seguridad y coordinación de los traslados o conexiones. Según la información suministrada, 2.775 oficiales fueron asignados entre enero y junio para atender las diligencias realizadas mediante esta modalidad.
El Ministerio de Justicia sostiene que el cierre del convenio permitirá reasignar esos efectivos a tareas de vigilancia, control y seguridad en los centros penitenciarios. Mientras tanto, el recurso presentado por Carlo Díaz mantiene abierta ante la Sala Constitucional la discusión sobre los efectos de suspender el mecanismo y sus implicaciones para el sistema judicial.
