Sector hotelero estalla por Papagayo y alerta un golpe a la imagen de Costa Rica
La paralización de proyectos en Papagayo mantiene en suspenso inversiones estimadas en 700 millones de dólares y reavivó el debate sobre la seguridad jurídica en Costa Rica. Representantes del sector hotelero consideran que la medida cautelar que detuvo las obras podría afectar la percepción del país entre inversionistas nacionales e internacionales.
La suspensión de los trabajos ocurrió tras una resolución de la Sala Constitucional que ordenó detener la tala de 748 árboles en Playa Panamá, mientras se analiza si el terreno intervenido reúne las características legales para ser considerado un bosque protegido.
Empresarios ligados al desarrollo turístico sostienen que la decisión trasciende el caso específico de Papagayo y podría tener efectos sobre futuros proyectos de inversión, al generar incertidumbre respecto a las reglas bajo las cuales se aprueban las iniciativas de desarrollo.
Papagayo y la seguridad jurídica reavivan el debate
El presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, Arnoldo Beeche, manifestó que la preocupación principal no se limita a la suspensión de las obras, sino al impacto que este tipo de resoluciones puede generar en la confianza de quienes evalúan invertir en Costa Rica.
«Para mí no es solo Papagayo, sino que es un tema nacional de seguridad jurídica. Estamos proyectando una imagen de inseguridad jurídica donde nos ponen unas reglas del juego y, en medio partido, las tratan de cambiar», afirmó Beeche.
El dirigente empresarial indicó además que el tema ya genera comentarios fuera del país. Según explicó, durante un congreso internacional en el que participó recientemente, la incertidumbre jurídica en Costa Rica fue mencionada como una de las inquietudes de potenciales inversionistas.
En la misma línea, Rodrigo Castro, presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Asopapagayo), señaló que la paralización transmite una señal que podría afectar la competitividad del país frente a otros destinos de inversión.
«El país entero pierde credibilidad. Estamos proyectando una imagen donde las reglas pueden cambiar cuando los proyectos están en marcha«, expresó Castro al referirse al alcance que tendría la suspensión sobre futuros desarrollos turísticos.
Inversiones por $700 millones permanecen detenidas
De acuerdo con Asopapagayo, las construcciones actualmente paralizadas representan inversiones cercanas a los 700 millones de dólares, mientras que el conjunto de iniciativas previstas para el desarrollo del Polo Turístico Golfo de Papagayo ronda los 3.000 millones de dólares.
El sector también advierte sobre las implicaciones económicas para Guanacaste. Según Castro, el polo turístico genera aproximadamente 5.000 empleos directos y alrededor de 13.000 encadenamientos productivos, vinculados con actividades como transporte, agricultura, pesca, comercio y servicios turísticos.
«Paralizar las obras en este momento tiene un impacto socioeconómico muy importante para Guanacaste y en el país», señaló el representante de Asopapagayo.
Beeche agregó que los efectos más importantes podrían reflejarse en los próximos años, cuando los proyectos suspendidos habrían iniciado operaciones y generado nuevas oportunidades laborales para diferentes sectores económicos.
«Las consecuencias de no construir no se sentirán hoy, sino dentro de tres o cuatro años, cuando esos proyectos habrían comenzado a generar miles de nuevos empleos», indicó.
Los representantes empresariales insisten en que su posición no busca eliminar los controles ambientales, sino garantizar que cualquier modificación a las condiciones bajo las cuales fueron aprobados los proyectos responda a criterios técnicos y científicos claramente definidos.
«Nosotros no estamos diciendo que el modelo de Papagayo no pueda modificarse. Claro que puede cambiar, pero debe hacerse mediante un proceso técnico y científico que justifique esas decisiones«, afirmó Rodrigo Castro.
El conflicto surgió luego de que el Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) autorizara la tala de los árboles en Playa Panamá. Posteriormente, acciones judiciales impulsadas por el abogado Álvaro Sagot y el dirigente sindical Sergio Ortiz derivaron en las medidas cautelares que mantienen suspendidas las obras mientras la Sala Constitucional analiza el fondo del caso.
Desde la posición de los desarrolladores, se sostiene que entre 2021 y 2025 el Sinac realizó estudios técnicos que concluyeron que los terrenos destinados al desarrollo no cumplen con la definición legal de bosque establecida en la Ley Forestal.
«Es muy fácil decir: ‘Ah, yo ahí veo un bosque’. Sí, vos ves un bosque, pero para definir un bosque tiene que cumplirse una serie de criterios técnicos que están claramente definidos en la ley forestal. Y bajo esos criterios en los polígonos de desarrollo no hay bosque», sostuvo Castro.
Mientras la Sala Constitucional resuelve el proceso, los proyectos permanecen detenidos y el caso continúa siendo seguido de cerca por inversionistas, desarrolladores, organizaciones ambientalistas y actores del sector turístico.
