Orlando Aguirre y Patricia Solano le dicen no se aplicarán polígrafo de Laura Fernández
Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Tercera Orlando Aguirre y Patricia Solano comunicaron que no se aplicarán la prueba del polígrafo como requisito para participar en espacios de coordinación relacionados con la Fuerza Élite impulsada por el Poder Ejecutivo.
La posición fue dada a conocer luego de que la presidenta Laura Fernández promoviera la aplicación de controles de confianza para las personas que intervienen en reuniones vinculadas con seguridad nacional y estrategias de combate contra el crimen organizado.
Orlando Aguirre y Patricia Solano le dicen no se aplicarán polígrafo de Laura Fernández
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, señalaron que su condición de jueces les obliga a mantener una actuación independiente frente a procedimientos que eventualmente podrían ser objeto de análisis dentro del sistema judicial.
Según la información divulgada por el Poder Judicial, ambos magistrados consideran que podrían llegar a conocer recursos o procesos relacionados con el uso de pruebas de polígrafo, por lo que participar en ese tipo de evaluaciones podría generar conflictos con el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La institución explicó que la labor judicial debe desarrollarse bajo los principios de independencia, imparcialidad y respeto al debido proceso. Además, recordó que los jueces están obligados a garantizar la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política.
Pese a rechazar la aplicación del polígrafo, las autoridades judiciales indicaron que respetan las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo dentro de sus estrategias de control interno y seguridad. No obstante, insistieron en que la naturaleza de la función jurisdiccional requiere mantener una separación respecto de mecanismos que podrían formar parte de futuros procesos judiciales.
El tema ha generado atención debido a que la prueba del polígrafo forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno para fortalecer los controles de confianza en instituciones relacionadas con la seguridad pública y la lucha contra estructuras criminales.
En medio de esta discusión, la magistrada Damaris Vargas expresó una posición distinta a la de sus colegas. De acuerdo con lo manifestado, no tendría inconveniente en someterse a una prueba de polígrafo si las circunstancias así lo requirieran.
Vargas explicó que anteriormente participó en procesos institucionales donde se aplicaron evaluaciones similares, por lo que considera que no existe impedimento para realizar este tipo de pruebas en determinados contextos administrativos.
El debate cobró fuerza en los últimos días después de que la presidenta Laura Fernández informara sobre la salida de siete directores policiales que no superaron evaluaciones de confianza aplicadas bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
La utilización del polígrafo continúa generando posiciones encontradas entre distintos sectores. Mientras algunos consideran que se trata de una herramienta adicional para fortalecer la confianza institucional, otros cuestionan su alcance, validez y eventual utilización dentro de procesos relacionados con la administración pública y la seguridad del Estado.
