Una ofensiva legal contra el «tijeretazo» social: Vea lo que hicieron las diputadas
La silenciosa crisis que amenaza a las personas con discapacidad el «tijeretazo» social que ha marcado el inicio de una incertidumbre aterradora para decenas de costarricenses que han visto cómo, de la noche a la mañana, pierden su capacidad para comer, asearse o moverse de forma independiente. Lo que parecía ser un proceso de ordenamiento institucional se ha transformado en un grito de auxilio que ha llegado este miércoles 25 de febrero hasta las puertas de la Sala Constitucional en La Sabana.
Esa es la interrogante que flota en el aire tras la acción legal emprendida por un bloque de legisladoras. Mientras el Gobierno justifica ajustes técnicos, la realidad en las calles cuenta una historia de regresión y abandono que pone a prueba el compromiso de Costa Rica con los derechos humanos.
Una ofensiva legal contra el «tijeretazo» social: Vea lo que hicieron las diputadas
Las diputadas Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Priscilla Vindas, Kattia Cambronero y Luz Mary Alpízar presentaron un recurso de amparo bajo el expediente 26-0067761-007-CO contra el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El motivo: recortes drásticos ejecutados entre finales de 2025 y enero de 2026.
La denuncia principal, respaldada por el Movimiento de Personas con Discapacidad, señala que se están eliminando horas de asistencia personal y subsidios de vivienda mediante criterios automatizados, sin una valoración individual que considere la realidad de cada ser humano.
«La dignidad no está sujeta a recortes»
La diputada Katherine Moreira, quien lidera la Comisión Especial de Asuntos de Discapacidad, fue tajante al señalar la gravedad de la situación. Para la legisladora, no se trata de una simple gestión de recursos, sino de un retroceso histórico.
“Aquí no estamos ante un ajuste técnico. Estamos frente a una regresión en derechos humanos que coloca a personas con discapacidad en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Estado no puede, bajo ninguna excusa presupuestaria, retroceder en garantías que ya habían sido consolidadas”, afirmó Moreira.
El recurso documenta casos desgarradores donde personas con discapacidad severa, que dependían de más de 100 horas mensuales de asistencia, quedaron reducidas a cero horas. El argumento estatal se escuda en la “corresponsabilidad familiar”, una figura que, según las recurrentes, traslada la obligación de cuido del Estado a las familias, muchas veces ya agotadas o sin recursos.
El polémico papel del SINIRUBE
Uno de los puntos más críticos del conflicto es el uso del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). El recurso denuncia que se están aplicando algoritmos de forma automática sobre bases de datos desactualizadas o erróneas.
Se han reportado casos de beneficiarios a quienes se les asignan ingresos inexistentes o se les cambia la clasificación socioeconómica sin una visita técnica presencial. Además, el nuevo tope de ₡60.000 para alquiler es visto como una medida que empuja al hacinamiento, contradiciendo el modelo de vida independiente que Costa Rica ha defendido internacionalmente.
Medidas urgentes para frenar la regresión
El despacho legislativo no solo busca un fallo de fondo, sino que ha solicitado medidas cautelares inmediatas. El objetivo es suspender los recortes y mantener los montos y horas vigentes durante el 2025 mientras los magistrados analizan el caso.
La batalla legal apenas comienza, pero el mensaje de las diputadas es claro: la eficiencia fiscal no puede construirse sobre el hambre o la inmovilidad de los ciudadanos. Como bien concluyó la presentación del recurso:
“Confiamos en que la Sala Constitucional restablecerá el equilibrio y reafirmará que Costa Rica no puede retroceder en la protección de las personas con discapacidad. La dignidad humana no está sujeta a recortes”.
