Colegio de Abogados rechaza propuesta de Fernández grabar a reos y defensores
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestó este martes su preocupación ante la iniciativa gubernamental de registrar en audio y video los encuentros entre internos de máxima seguridad y sus representantes legales.
La advertencia de la corporación profesional surge luego de que la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, hiciera pública su intención de impulsar un proyecto de ley enfocado en vigilar de forma estricta las comunicaciones en centros penales.
Colegio de Abogados rechaza propuesta de Fernández grabar a reos y defensores
De acuerdo con el criterio emitido por el gremio de juristas el pasado 26 de mayo, la implementación de este tipo de medidas de control técnico podría vulnerar de forma directa principios constitucionales e incumplir con tratados internacionales de derechos humanos.
La institución fundamentó su postura recordando que la confidencialidad en la relación profesional entre un ciudadano y su abogado constituye un pilar esencial para garantizar el debido proceso y la preservación del Estado de derecho en el país.
“El secreto profesional no constituye un privilegio personal de los abogados, sino una garantía fundamental que protege el derecho de defensa y a toda persona sometida a un proceso judicial”, precisó Angie Arce Acuña, prosecretaria de la Junta Directiva.
La vocera del Colegio enfatizó que cualquier intento por debilitar esta reserva técnica comprometería la independencia del ejercicio legal, afectando la equidad procesal necesaria en las dinámicas judiciales ordinarias y complejas.
Pese a que el organismo reconoció la urgencia de dotar al Estado de herramientas eficaces para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad pública, sostuvo que las políticas punitivas deben ejecutarse bajo los límites que dicta la Carta Magna.
“El combate a la criminalidad no puede significar el debilitamiento de principios esenciales que sostienen nuestro sistema democrático y el acceso efectivo a la justicia”, manifestó de forma contundente la representante de la junta directiva del Colegio.
A la posición de rechazo del gremio se sumó la visión del abogado constitucionalista Fabián Volio, quien se desempeña en la actualidad como integrante del equipo de asesores legales ad honorem de la propia mandataria de la República.
El especialista manifestó públicamente su discrepancia con la propuesta del Poder Ejecutivo durante una entrevista radial y argumentó que, desde la perspectiva jurídica costarricense, la confidencialidad de la defensa posee una protección que resulta inquebrantable.
“En mi opinión, ni siquiera por ley se podría limitar, porque se trata de la defensa individual y de las discusiones que tiene el abogado con su defendido para diseñar la estrategia de defensa. Esa es una conversación confidencial”, declaró Volio.
El analista advirtió además que las comunicaciones amparadas bajo el secreto profesional de abogados, sacerdotes o médicos están blindadas constitucionalmente, lo que complicaría la viabilidad legal de la norma pretendida ante la Sala Constitucional.
“Entonces, me parece que esa medida yo no la recomendaría y no creo que sobreviva a un análisis de constitucionalidad porque, repito, ese ámbito de discusión del acusado o el que ya está condenado preso con su abogado es privado”, reiteró.
A nivel de derecho comparado, la confidencialidad de los internos se respeta de forma general en democracias consolidadas como los Estados Unidos, donde los marcos regulatorios prohíben por completo las escuchas o filmaciones de estas citas legales.
No obstante, países europeos y de Oriente Medio aplican excepciones muy estrictas vinculadas al terrorismo; en España se requiere autorización de un juez, mientras que en Israel y Reino Unido se aplican restricciones y vigilancias específicas.
El Colegio de Abogados reiteró finalmente su total apertura para construir alternativas legislativas y técnicas en conjunto con el Poder Ejecutivo, asegurando que continuarán brindando asesoría propositiva en las reformas penales que el territorio nacional requiera.
