Presidente Chaves arremete contra Fernando Cruz y Edgardo Araya por frenar $2.600 millones en Papagayo
El presidente Rodrigo Chaves junto a la presidente electa Laura Fernández defendieron la viabilidad de un ambicioso plan de desarrollo turístico en Playa Panamá, Golfo de Papagayo. El proyecto, que implica una inversión de $2.600 millones, se encuentra actualmente en el centro de un debate jurídico y ambiental tras la suspensión de la tala de 748 árboles.
La administración central sostiene que el desarrollo es vital para la reactivación económica de la zona. Según datos oficiales, el sector de Papagayo genera actualmente unos 6.000 empleos directos, transformando la realidad laboral de cientos de familias en la provincia de Guanacaste.
Presidente Chaves arremete contra Fernando Cruz y Edgardo Araya por frenar $2.600 millones en Papagayo
El presidente Rodrigo Chaves Robles enfatizó que la protección del ambiente debe coexistir con el crecimiento económico. El mandatario cuestionó las acciones legales que frenan el proyecto, calificando la situación de «incertidumbre legal» para los inversionistas extranjeros que miran hacia Costa Rica.
Sobre la compensación ambiental, el Ejecutivo propone medidas de mitigación que superan el impacto inicial. “Esos 751 árboles pudimos haber sembrado 5.000, sobra plata para eso”, afirmó el mandatario, sugiriendo que el desarrollo turístico permite financiar proyectos de reforestación masiva.
El conflicto escaló tras la intervención del magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, quien acogió un recurso de amparo. Esta decisión frenó las autorizaciones de tala otorgadas previamente, bajo el argumento de proteger el patrimonio natural del Estado en la zona costera.
Chaves criticó duramente la postura del magistrado y del exlegislador Edgardo Araya, a quienes señala como «obstruccionistas». El presidente vinculó este escenario con eventos pasados en la minería, señalando que estas trabas legales envían señales negativas al mercado internacional.
“¿Sabe qué? Fernando Cruz y Edgardo Araya, ahí hay un grupo de proyectos de inversión que suman 2.600 millones de dólares”, increpó el jerarca. Para el gobierno, la prioridad es asegurar que los capitales no migren hacia otros países por falta de seguridad jurídica.
Por su parte, los defensores del recurso legal argumentan que el desarrollo no puede pasar por encima de la normativa forestal vigente. El debate se centra ahora en si la sustitución de árboles jóvenes es equivalente a la preservación del ecosistema original en Playa Panamá.
El sector turístico local observa con atención el desenlace de esta disputa judicial. De mantenerse el freno, el Ejecutivo advierte sobre la posible pérdida de competitividad de Guanacaste frente a otros destinos del Caribe y Centroamérica que compiten por los mismos capitales.
Finalmente, el gobierno reiteró que el bienestar de los trabajadores actuales y futuros depende de la ejecución de estas inversiones. La resolución de la Sala Constitucional será determinante para definir el equilibrio entre el desarrollo inmobiliario de lujo y la conservación ambiental estricta.
