Sala IV investiga pacto de Chaves con Donald Trump
La Sala Constitucional de Costa Rica ha tomado una determinación que coloca al Poder Ejecutivo en una encrucijada jurídica de proporciones históricas tras los recientes acuerdos en Florida.
El tribunal admitió una acción de inconstitucionalidad que cuestiona la legitimidad de los compromisos adquiridos por la administración Chaves Robles en el marco de una coalición hemisférica contra el narcotráfico.
Sala IV investiga pacto de Chaves con Donald Trump
Dicha resolución surge tras las denuncias sobre la opacidad en la firma de la Joint Security Declaration y la participación de Costa Rica en la cumbre Shield of the Americas.
El trasfondo de esta disputa legal sugiere una posible vulneración a los pilares fundamentales que han definido la identidad costarricense desde la abolición del ejército en el siglo pasado.
Miguel Guillén, secretario general del PLN, lidera esta impugnación alegando que el Gobierno vinculó al país en un esquema de seguridad con claras implicaciones militares sin la debida consulta legislativa.
La admisión del expediente N.° 26-008212-0007-CO obliga ahora al presidente Rodrigo Chaves y a su gabinete a rendir cuentas detalladas sobre lo pactado en la ciudad de Doral en marzo.
«La admisión de esta acción de inconstitucionalidad es una señal clara: cuando se trata de la Constitución, ninguna decisión cuestionable debe quedar fuera de control», afirmó Guillén tras la notificación.
Para el accionante, el país se encuentra ante la apertura de un debate de fondo necesario para proteger el orden constitucional frente a decisiones que trascienden la autoridad unilateral.
El foco de la controversia reside en el artículo 12 de la Carta Magna, el cual proscribe el ejército como institución permanente, un límite que Guillén considera sagrado para la República.
«Costa Rica decidió, hace décadas, abolir el ejército y construir su seguridad desde la ley, la institucionalidad y la paz. Ese no es un símbolo vacío», recalcó el dirigente liberacionista.
Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves ha defendido la legalidad de sus actos, cuestionando la alarma generada por los sectores opositores ante la necesidad de combatir el crimen organizado.
«Si tuviéramos que pedir apoyo de fuerza militar tendríamos que ir a la Asamblea Legislativa. ¿De qué se espantan?», increpó el mandatario ante las críticas sobre la soberanía nacional.
La presidenta electa, Laura Fernández, respaldó la postura gubernamental enfatizando que la lucha contra los carteles es desigual, describiéndola como una batalla de «burro amarrado contra tigre suelto».
Fernández aseguró que no permitirán que el crimen organizado se apodere del país y que aprovecharán la cooperación internacional, siempre bajo el amparo de las leyes vigentes en el territorio.
Incluso dentro del PLN, la postura de Guillén ha generado fricciones, como lo demostró el expresidente José María Figueres al cuestionar si se ignora que el narco declaró la guerra.
A pesar de las divisiones, Guillén sostiene que su gestión no pretende obstaculizar la seguridad, sino garantizar que no se utilicen métodos incompatibles con el modelo civilista y desmilitarizado.
La Sala IV evaluará ahora si incidentes como el de la narcolancha en Golfito, que involucró fuerza letal extranjera, evidencian un riesgo real para la integridad de la soberanía civil.
Con un plazo de 15 días hábiles, el Ejecutivo deberá transparentar los acuerdos de Doral, cuya naturaleza jurídica determinará si Costa Rica mantiene su rumbo histórico o cambia su paradigma.
