Revocan visa a magistrado, otro más en la lista
La revocatoria de la visa estadounidense al magistrado costarricense Fernando Cruz Castro ha generado inquietud en el ámbito político y judicial, en medio de un contexto que deja más preguntas que respuestas. La medida, tomada por el Gobierno de Estados Unidos, se conoció días antes de un viaje clave del juez, lo que ha intensificado el debate sobre sus posibles motivaciones.
El hecho adquiere mayor relevancia porque Cruz no pudo asistir a una ceremonia internacional donde sería reconocido por su trayectoria. La ausencia del magistrado en este evento ha puesto en el centro de la discusión la relación entre decisiones diplomáticas y el ejercicio de la función judicial en Costa Rica.
Revocan visa a magistrado, otro más en la lista
El magistrado confirmó que la notificación de la revocatoria fue emitida el 10 de marzo, aunque tuvo conocimiento días después. La medida le impidió viajar a Illinois para recibir el premio Jurista Global 2026, otorgado por la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern, en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos y la democracia.
El galardón destacaba, entre otros aspectos, su participación en una sentencia de la Sala Constitucional que condenó al Estado costarricense por vulnerar los derechos de más de 200 migrantes asiáticos, deportados desde Estados Unidos y retenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM).
En su voto independiente, Cruz cuestionó el tratamiento dado a estas personas y afirmó: “Se trató a los seres humanos que enviaron desde USA hacia Costa Rica, como si fueran objetos”. Además, añadió: “Me parece un eufemismo decir que esa recepción era un: ‘acto humanitario’”.
El magistrado, con más de cinco décadas de carrera judicial, señaló que desconoce las razones oficiales de la revocatoria, aunque considera que podría estar relacionada con sus posiciones críticas hacia la política migratoria estadounidense. En ese sentido, expresó: “No me quita el sueño… me siento honrado”.
Asimismo, calificó la medida como una “bofetada a la independencia judicial”, al considerar que este tipo de decisiones pueden tener un impacto simbólico sobre la autonomía de los poderes del Estado.
El caso no es aislado. Otras figuras políticas y judiciales costarricenses también han sido objeto de revocatorias de visa, entre ellas el expresidente: Paul Rueda, magistrado; Óscar Arias, expresidente y premio Nobel de la Paz; Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Johanna Obando y Cynthia Córdoba, diputadas independientes; Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); José Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN); y Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Aunque no existe confirmación oficial sobre una relación directa entre estos casos, el contexto ha abierto un debate nacional sobre posibles coincidencias políticas y el alcance de las decisiones migratorias de Estados Unidos hacia funcionarios costarricenses.
