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Presidenta de la corte dice «no está pidiendo más dinero, ni un aumento en su presupuesto»

Casi ₡30.000 millones quedaban bloqueados por normas declaradas inconstitucionales, según la jerarca.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, afirmó que el presupuesto del Poder Judicial para 2027 no representa una solicitud de más dinero, sino la posibilidad de usar a tiempo los recursos ya aprobados. Sus declaraciones se dieron luego de que la Sala Constitucional declarara inconstitucionales varias normas de ejecución presupuestaria.

Presupuesto del Poder Judicial: lo que dijo Vargas tras la resolución

Según la jerarca, la decisión del tribunal constitucional confirma las advertencias que la institución había planteado ante la opinión pública, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Vargas sostuvo que el Poder Judicial ha mantenido ese planteamiento desde el inicio de la discusión.

La presidenta de la Corte puso énfasis en la transparencia institucional. «El Poder Judicial rinde cuentas y continuará rindiendo cuentas con transparencia a la ciudadanía», manifestó.

Vargas recordó que durante la reunión de Supremos Poderes de este viernes hubo un compromiso expreso de respetar lo que resolviera la Sala Constitucional. La jerarca dijo que el Poder Judicial acatará el fallo y pidió igual actitud a las demás instancias.

«Así lo haremos y confiamos en que los demás poderes también lo hagan», agregó. La frase deja ver que la discusión presupuestaria trasciende lo técnico y alcanza la relación entre los poderes de la República.

Los tres puntos que, según Vargas, la ciudadanía debe tener claros

La presidenta explicó que existen tres aspectos que, a su criterio, deben quedar claros en el debate sobre los recursos del sistema de justicia. Los planteó para despejar lo que considera interpretaciones erróneas sobre la posición de la institución.

El primero es que el Poder Judicial no solicita un incremento de recursos. Lo que busca, dijo, es disponer oportunamente del dinero que ya fue aprobado.

«Lo que hemos solicitado es poder disponer oportunamente de los recursos que ya fueron aprobados para cumplir con nuestras responsabilidades y garantizar los servicios de justicia que necesita el país», indicó Vargas.

El segundo punto es que la rendición de cuentas es una obligación institucional que no está en discusión. La jerarca añadió que el Poder Judicial impulsa mecanismos para ampliar su alcance y acercarla a la población.

El tercer aspecto se refiere a los recursos que quedaban bloqueados mediante las normas cuestionadas. Según Vargas, casi ₡30.000 millones son indispensables para sostener los servicios de justicia y atender las necesidades de la población.

La presidenta de la Corte vinculó esos fondos con el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Para la jerarca, limitar su disponibilidad afecta la capacidad de respuesta del sistema.

Las normas de ejecución presupuestaria regulan cómo y cuándo las instituciones públicas pueden usar los recursos asignados en el presupuesto nacional. Por esa razón, el pronunciamiento de la Sala Constitucional tiene efecto directo sobre la forma en que se administra el dinero del Poder Judicial.

Vargas insistió en que Costa Rica necesita un sistema de justicia fuerte e independiente. En su criterio, contar con los recursos en el momento adecuado es parte de las condiciones para que los tribunales cumplan su función.

El caso se produce en un contexto de diálogo entre los Supremos Poderes sobre el manejo del presupuesto. La Sala Constitucional ya resolvió, y la presidenta de la Corte reiteró que su institución respetará lo dispuesto.

Con su intervención, Vargas buscó marcar su posición ante la ciudadanía y ante los demás poderes sobre el alcance del fallo. La jerarca sostuvo que el Poder Judicial seguirá con sus acciones de transparencia y de acercamiento a las personas.

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