Rodrigo Chaves presenta querella contra Patricia Navarro por presuntos audios
El expresidente de la República y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, presentó este 30 de septiembre una nueva querella contra la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina, relacionada con el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.
La gestión fue presentada ante la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José e incorpora, además, una acción civil resarcitoria contra Navarro y La Nación S.A., según consta en la documentación aportada por la representación de Chaves.
Rodrigo Chaves lleva a Patricia Navarro otra vez ante la Fiscalía por presuntos audios
El caso se relaciona con las grabaciones realizadas por Navarro durante su periodo como ministra de Comunicación, cuando Chaves ocupaba la Presidencia de la República. La causa penal por este supuesto delito ya había sido reportada públicamente y corresponde al Ministerio Público determinar las actuaciones que procedan.
Navarro fue nombrada ministra de Comunicación el 8 de mayo de 2022. Permaneció aproximadamente cuatro meses en el cargo y posteriormente las grabaciones realizadas durante reuniones de trabajo fueron entregadas al diario La Nación, que publicó una serie de informaciones sobre su contenido.
El punto de conflicto por las grabaciones
Uno de los principales aspectos de la disputa judicial gira alrededor de si las manifestaciones registradas fueron captadas sin consentimiento y si esa conducta puede configurar el delito atribuido en la querella.
El artículo 198 del Código Penal contempla el delito de captación indebida de manifestaciones verbales y establece sanciones para quien grabe, sin consentimiento, palabras de otra persona que no estén destinadas al público, aunque existen excepciones previstas por la legislación relacionada con investigaciones y comunicaciones.
La defensa de Navarro ha sostenido anteriormente una posición distinta. Su abogado argumentó que las grabaciones podían estar amparadas por las circunstancias en que fueron obtenidas y rechazó que los hechos constituyeran el delito señalado por Chaves.
El expediente también ha generado discusión sobre el contenido de las conversaciones. En 2024, Chaves declaró ante la Fiscalía en calidad de ofendido y confirmó que las grabaciones correspondían a reuniones de trabajo sostenidas con Navarro, aunque sostuvo que se trataba de conversaciones privadas.
Chaves cuestiona solicitud de sobreseimiento
La nueva gestión presentada por Chaves ocurre mientras, según la documentación aportada, una fiscal adjunta planteó una solicitud de sobreseimiento dentro del proceso. La representación del exmandatario incorporó cuestionamientos contra esa petición como parte de la nueva actuación presentada ante el Ministerio Público.
Además de la vía penal, la querella incluye una acción civil resarcitoria contra Patricia Navarro y La Nación S.A. Esta parte del proceso busca que se determine, conforme corresponda, una eventual responsabilidad por daños y perjuicios derivados de los hechos señalados.
El conflicto tiene como antecedente la publicación, en diciembre de 2023, de una serie de audios grabados durante el periodo en que Navarro ocupó el Ministerio de Comunicación. Las conversaciones abordaban asuntos relacionados con comunicación gubernamental y contrataciones financiadas con recursos del BCIE.
En aquel momento, Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, denunciaron a Navarro por el supuesto delito de captación indebida de manifestaciones verbales. La Nación también fue incluida en las acciones promovidas por la divulgación de las grabaciones.
Eventual indemnización sería destinada a obras sociales
Dentro de la documentación presentada este 30 de septiembre, Chaves manifestó que cualquier suma que eventualmente sea reconocida como indemnización sería donada en su totalidad a las Obras del Espíritu Santo, del padre Sergio.
La nueva querella no determina por sí misma responsabilidad penal de Navarro ni de la empresa señalada. El trámite corresponde ahora al Ministerio Público, que deberá valorar la gestión, los argumentos presentados y las actuaciones que resulten procedentes dentro del expediente.
La disputa judicial se mantiene vinculada a las grabaciones realizadas durante la administración Chaves y a las consecuencias legales de su captación y posterior publicación, mientras las partes sostienen posiciones diferentes sobre la naturaleza de esas conversaciones y su eventual relevancia jurídica.
